En la Cortes de Cádiz de 1812 se acentuó la demanda por extender la educación a los niños pobres. Sin embargo una mutación importante empezaba a producirse.
La educación era cada vez menos considerada una caridad, a pesar de que aún se solicitaba que en los anexos de las parroquias y conventos instalaran escuelas y clérigos fueran los maestros-
Se aumentaba y se generalizaba entre los grupos sociales de mayor estatus la idea que la educación era obligación y responsabilidad del gobierno.
Miguel Ramos Arizpe sostuvo que la enseñanza publica de los niños es uno de los deberes de todo gobierno ilustrado, y que sólo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos.
Mientras que Joaquín Beye sugirió que la educación se impartiera gratuitamente a los pobres, se abrieran escuelas suficientes en relación con el número de niños, y propuso que en cada convento se instalara una escuela gratuita.
Juan José, también diputado mexicano, insistió en la necesidad de multiplicar las escuelas y remover los obstáculos que impedían su establecimiento.
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